El programa periodístico Punto Final reveló este último domingo 9 de febrero que el secretario general de Palacio de Gobierno, Enrique Vílchez, podría ser investigado por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones del denominado caso ‘cofre’.
En ese sentido, dicha pesquisa tiene como protagonistas a la presidenta Dina Boluarte y al líder del partido político de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. La jefa de Estado es investigada por la Fiscalía por presuntamente haber utilizado los vehículos asignados a la Presidencia de la República para que el entonces prófugo de la justicia Cerrón Rojas pudiera desplazarse a sus destinos.
No obstante, la fiscal de la Nación estaría evaluando abrir una pesquisa contra el secretario presidencial por presuntamente encubrir al exgobernador regional de Junín. Punto Final tuvo acceso a un documento del Ministerio Público, el cual detalla cómo la titular de dicha institución del Estado decide que esta investigación debe acumularse a las indagaciones del caso ‘Cofre’.
La carpeta fiscal n.º 257 2024 se abrió como consecuencia luego de que el congresista de la República Edwin Martínez entregó un USB el 26 de julio del 2024 y otros 2 en agosto del mismo año. Según se pudo conocer, estos dispositivos tendrían una denuncia anónima y conversaciones en la plataforma WhatsApp, donde se daría a entender que desde Palacio de Gobierno se estaría brindando protección a Vladimir Cerrón previa coordinación con legisladores del partido de Perú Libre.
Dina Bolarte: denuncia anónima acusa a presidenta de ser la principal protectora de Vladimir Cerrón
Según el programa periodístico, señala que la acusación anónima acusa directamente a la presidenta Dina Boluarte de ser la principal protectora del exfuncionario regional y que el secretario presidencial Enrique Vílchez actuaría como el operador de Palacio de Gobierno para coordinar con los congresistas del ‘lápiz’ allegados a Cerrón tales como Américo Gonza, Waldemar Cerrón, Jaime Quito y Kelly Portalatino.
En esa línea, en los diálogos que pudo acceder el programa periodístico se detalla que uno de los emisarios señala que «hasta ahora de lo último no tenemos nada. Eso no es lo que conversamos» mientras que su interlocutor indica que «la señora llamó al ministro y no hay equipo allá que este en algo». Según el periodista Rodrigo Cruz, quien fue el responsable de emitir dicho reportaje, indica que uno de los personajes de estas conversaciones sería el legislador Américo Gonza.
Delia Espinoza considera necesario que esta denuncia anónima con dichos diálogos se investiguen. Por ello, decidió que el presunto rol de encubridor que habría tenido Enrique Vílchez para que sea el intermediario con los congresistas de Perú Libre, pase a manos a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, área que actualmente es dirigida por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Fuente de Punto Final señalan que el despacho de Ávalos se encontraría calificando la denuncia para que pueda pronunciarse en un breve plazo sobre lo denunciado contra el secretario presidencial.
Enrique Vílchez y los vínculos con los hermanos Boluarte
El programa periodístico señaló que Enrique Vílchez tendría un vínculo cercano con los hermanos Boluarte. Esta relación comenzaría con el hermano mayor de la presidenta, Nicanor Boluarte, cuando coincidieron en el Ministerio de Trabajo en el 2016, cuando Nicanor tenía el cargo de viceministro y Enrique Vílchez tenía el cargo de asesor legal.
Asimismo, Enrique Vílchez trabajo en Sencico en el 2019 como asesor legal, cuando el familiar de Dina Boluarte se desempeñaba como gerente general. Además, cuando Nicanor Boluarte se encontraba en la Municipalidad de Pueblo Libre como asesor 1 debido a que el ahora secretario presidencial dejó el cargo en enero de 2021.
Sin embargo, Enrique Vílchez no solo tiene un alto cargo en Palacio de Gobierno como secretario del despacho presidencial, sino que actualmente forma parte del Consejo Directivo de Servir y de Registros Públicos.
Como miembro del Consejo Directivo de Servir, Enrique Vilchez presentó su respectiva declaración jurada donde se evidenció un incremento patrimonial de más de S/ 1.000.000, puesto que pasó de 287.000 soles en el rubro de bienes en el 2023 a 1.353.355.68 en el 2024.
No obstante, estas cifras no aparecen en su declaración jurada de bienes y rentas de 2024 como trabajador de Palacio de Gobierno.
